¿Qué está pasando en Colombia?

¿Qué está pasando en Colombia?

Diversas organizaciones a nivel nacional e internacional denuncian al gobierno colombiano como gran infractor de los derechos humanos. La Casa de Nariño rechaza enfáticamente tales acusaciones y señala los casos presentados como hechos aislados. A continuación presentamos un resumen informativo de los principales momentos de esta tensión entre ambas posiciones.

Lluvia de acusaciones contra la Casa de Nariño



El gobierno y las protestas indígenas
Indígenas colombianos mantienen protestas con apoyo de FARC según gobierno
El gobierno colombiano denunció este viernes que la guerrilla de las FARC está por detrás de la protesta de indígenas en el suroeste del país, que ha derivado en violentos enfrentamientos con la policía con saldo de un indígena muerto y un centenar de heridos.

Según el director de la policía nacional, general Oscar Naranjo, es el frente sexto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), está invitando, concertando y estimulando los hechos de violencia por parte de los indígenas", aseguró en una conferencia de prensa.

Los aborígenes colombianos iniciaron desde el pasado viernes en todo el país una Minga de Resistencia Indígena, para que el gobierno cumpla con la entrega de tierras pactadas en los últimos 15 años y respete la autonomía de las autoridades aborígenes consagrada en la Constitución.

Las protestas más fuertes se han registrado en el departamento (provincia) del Cauca (suroeste), donde desde el miércoles cientos de indígenas bloquean en forma intermitente la importante carretera Panamericana, paso obligado para la exportación de productos hacia Ecuador.

Esa vía ha sido el escenario de violentos enfrentamientos entre los indígenas y la policía antimotines, que según Aída Qilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, dejan un aborigen muerto y cerca de otro centenar de heridos.

Por su parte, según el general Naranjo, de 750 policías antimotines enviados para desbloquear la carretera, 19 han resultado heridos, y diez de gravedad por esquilas de granadas artesanales o por armas cortopunzantes y contundentes, y uno perdió sus manos por un explosivo que encontró entre los manifestantes.

Según el comandante policial sus hombres no han actuado con "armas letales".

Sin embargo, Qilcué aseguró en declaraciones telefónicas a la AFP desde el lugar, que han sido los uniformados los que han actuado violentamente y disparado contra los indígenas.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), informó en Bogotá que en los enfrentamientos con la policía de este viernes otros nueve indígenas resultaron heridos, siete de ellos de bala.

Quilcué, negó la infiltración de la guerrilla y aseguró que "nuestra protesta es de resistencia civil y nos matan porque protestamos".

Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, el miércoles rechazó la eventual infiltración de las FARC en la protesta en el Cauca, como lo denunció el martes el general Orlando Páez, director de seguridad ciudadana de la Policía.

"Si hay algún infiltrado, desde la ONIC y desde la presidencia de la Organización lo rechazamos. No queremos que se aproveche de nuestra protesta ni la guerrilla, ni el Ejército ni la Policía", dijo a la AFP.

En Bogotá este viernes se registró una pequeña marcha de indígenas por el centro de la ciudad para respaldar a sus "hermanos de la madre tierra".

El ex senador indígena Gerardo Jumi Tapias, quien participó de la marcha, negó la infiltración de las FARC y dijo a la AFP que "esa respuesta del gobierno es una costumbre ya vieja y perversa de (el presidente) Álvaro Uribe".

Por el contrario, recordó el caso de un militar de origen indígena que según los manifestantes fue infiltrado y descubierto por sus hermanos, quienes lo castigaron con azotes y luego lo entregaron a las autoridades civiles locales.


Declaran culpables de tortura a siete militares en el noroeste de Colombia

Siete militares colombianos fueron declarados este martes culpables del delito de tortura contra tres detenidos, informó el juzgado quinto penal especializado de la ciudad de Medellín (400 Km al noroeste de Bogotá).

Entre los militares condenados se encuentran un oficial, un suboficial y cinco soldados que pertenecían a la cuarta brigada del ejército con sede en Medellín.

El juez precisará en los próximos días las penas a que serán condenados los uniformados.

De acuerdo con la sentencia, el 10 de diciembre de 2006 los militares detuvieron a tres jóvenes a quienes se sindicaba de presunto abuso sexual a una joven residente en un suburbio de Medellín.

Los retenidos denunciaron posteriormente ante la Fiscalía que fueron golpeados en el abdomen, la espalda y las piernas por los militares, lo que fue corroborado por el Instituto de Medicina Legal que les expidió una incapacidad de 20 días.

El juez, sin embargo, absolvió a los militares por los cargos de violación de habitación ajena y privación ilegal de la libertad. Igualmente declaró inocentes del cargo de tortura a otros cinco uniformados.


Colombianos reclaman en París que exilio sea calificado crimen contra DDHH
El reconocimiento por parte del Estado colombiano de que "el exilio político constituye una crimen de lesa humanidad", exigieron los integrantes de una reunión organizada en París por el Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado de Colombia (MOVICE) que culminó este sábado.

En el documento redactado al término de la reunión, que se celebró bajo el nombre de "Audiencia ciudadana internacional", se enumera como antecedentes que justifican tal calificación la ruptura de los proyectos de vida social, político, familiar y la pérdida de identidad, con todos los traumas que ésto implica.

En la mayoría de los casos, los exiliados han sido víctima de otros crímenes de lesa humanidad, como detención arbitraria, tortura, atentados contra la vida, destacó el documento.

Iván Cepeda, portavoz y director del MOVICE explicó que el objetivo del movimiento es abrir "nuevas vías" para aplicar justicia y obtener reparación para las víctimas de crímenes del Estado y de organismos vinculados a éste.

Cepeda incluyó la acción del MOVICE dentro de las múltiples alternativas de la sociedad civil frente a la ley llamada de Justicia y Paz elaborada por el actual gobierno colombiano y que, según dijo, "permite sobre todo que los criminales se justifiquen y obtengan a término la impunidad".

El documento también denunció lo que calificó como acción "de criminalización" ejercida por el gobierno colombiano a través del servicio diplomático, en contra de sus opositores en el extranjero y contra los defensores de los Derechos Humanos, acusados de colaborar con la guerrilla.

Iván Cepeda indicó que según los testimonios de la audiencia el servicio diplomático colombiano "se ha convertido en un aparato de propaganda y muchas veces de inteligencia que opera contra las personas que debieron salir perseguidas de Colombia".

Por su parte, Sophie Thonon, presidenta de la organización de defensa de los Derechos Humanos France-Amerique Latine, destacó los obstáculo legales crecientes que deben enfrentar los exiliados colombianos para obtener el estatuto de refugiados políticos.

A diferencia de otros exilios latinoamericanos, provocados por regímenes considerados internacionalmente como dictaduras, en el caso colombiano, el gobierno actual es reconocido formalmente como democrático, explicó.

Las actividades de esta audiencia ciudadana internacional culminaron con una manifestación de homenaje a las víctimas de los crimenes de Estado en Colombia, efectuada en Nanterre, comuna vecina a París.